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El impacto fiscal de la medida es casi nulo, pero se inscribe en una reformulación general de las tarifas de referencia y los costos por kilómetro llevado a cabo por la Secretaría de Transporte para todas las líneas del AMBA que dependen de la Nación. La Secretaría de Transporte indicó que "la transición energética debe promoverse con reglas claras y no depender de porcentajes uniformes".