Vialidad | 6 de septiembre de 2026

La nueva norma establece un sistema de trabajo conjunto entre el Estado, productores, vecinos y gobiernos locales para fortalecer el mantenimiento de la extensa red vial rural entrerriana.

La Cámara de Senadores de Entre Ríos otorgó sanción definitiva a la Ley de Consorcios Camineros, una iniciativa impulsada por el gobernador Rogelio Frigerio que establece un nuevo esquema para la conservación, reparación y mejora de los caminos rurales de la provincia.

La normativa permitirá incorporar asociaciones civiles sin fines de lucro al mantenimiento de caminos de tierra y ripio, bajo la supervisión técnica, administrativa y contable de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV).

El objetivo es avanzar hacia una gestión más descentralizada y ágil, fortaleciendo la participación de productores, vecinos y gobiernos locales, sin reemplazar la responsabilidad del Estado provincial.

Un modelo de gestión compartida

El director administrador de Vialidad Provincial, Exequiel Donda, destacó que la nueva legislación busca dar respuesta a una problemática histórica vinculada al mantenimiento de los caminos rurales.

Según explicó, el espíritu de la norma apunta a generar una solución descentralizada y solidaria, en la que vecinos y productores puedan participar activamente del cuidado de los caminos de sus respectivas zonas.

Donda remarcó además que Vialidad continuará teniendo un rol central dentro del sistema.

“Vialidad no puede atender la totalidad de la red vial”, señaló, al considerar necesario un esquema en el que consorcios, gobiernos locales y la propia Dirección Provincial de Vialidad trabajen de manera coordinada.

Una extensa red de caminos rurales

Entre Ríos cuenta con una de las redes viales rurales más extensas del país.

La provincia posee aproximadamente:

• 24.000 kilómetros de caminos de tierra.
• 4.000 kilómetros de ripio o brosa.
• 2.000 kilómetros de caminos pavimentados.

La magnitud de esta red representa un desafío permanente para el mantenimiento y la transitabilidad, especialmente para las comunidades y establecimientos productivos ubicados en zonas rurales.

Actualmente funcionan 10 consorcios camineros, que tienen bajo su administración un total de 1.467 kilómetros, mientras que otros dos se encuentran en proceso de conformación.

La nueva ley establece un marco jurídico permanente para ampliar este modelo y permitir su desarrollo en diferentes sectores de la provincia.

¿Quiénes podrán integrar los consorcios?

Los consorcios serán entidades de bien público y servicio comunitario. Podrán estar conformados por productores, vecinos y representantes de municipios, comunas y juntas de gobierno, quienes tendrán participación con voz y voto en las comisiones directivas.

También podrán incorporarse propietarios, arrendatarios e inquilinos de establecimientos rurales ubicados dentro de la jurisdicción correspondiente o hasta 50 kilómetros de los caminos incluidos en el consorcio.

Control y transparencia

Uno de los aspectos centrales de la nueva legislación es el sistema de control estatal.

La Dirección Provincial de Vialidad será la autoridad de aplicación y tendrá a su cargo el control técnico, administrativo y contable de los consorcios.

La DPV podrá acceder a los registros financieros, administrativos y de personal de estas entidades.

Además, cuando los consorcios administren fondos o bienes públicos, estarán sujetos al control externo del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos, con el objetivo de garantizar transparencia en la utilización de los recursos.

Los consorcios podrán ejecutar obras directamente o contratar terceros. También podrán elaborar proyectos propios, aunque deberán contar previamente con la aprobación técnica de Vialidad Provincial.

Requisitos para constituir un consorcio

La normativa establece una serie de requisitos para la conformación de estas entidades.

Deberán presentar una Comisión Promotora integrada por al menos siete personas, reunir un mínimo de 20 socios activos y presentar un croquis con los caminos que se pretende conservar.

Una vez presentada la documentación, la Dirección Provincial de Vialidad tendrá un plazo de hasta 60 días para analizar la viabilidad técnica y resolver la solicitud mediante una decisión fundada.

Los consorcios que ya funcionan

Actualmente existen diez consorcios camineros en funcionamiento, que administran en conjunto 1.467 kilómetros:

• Alarcón: 116 km.
• Colonia San Jorge: 101 km.
• Crucesita Octava: 135 km.
• Gilbert: 166 km.
• Isleta Norte: 13 km.
• La Esperanza: 157 km.
• La Micra: 263 km.
• Santa Anita: 196 km.
• Urdinarrain: 180 km.
• Perdices: 140 km.

A estos se suman otros dos consorcios que se encuentran actualmente en proceso de conformación.

Una herramienta para las comunidades rurales

La sanción definitiva de la Ley de Consorcios Camineros representa un cambio en el modelo de gestión de los caminos rurales entrerrianos.

El nuevo sistema busca combinar financiamiento público y privado, participación comunitaria y control estatal, con la intención de mejorar los tiempos de respuesta y las condiciones de transitabilidad.

Para una provincia cuya actividad productiva depende en gran medida de su red de caminos rurales, la incorporación de los consorcios apunta a convertirse en una herramienta para atender de manera más directa las necesidades de productores y comunidades del interior entrerriano.