El Gobierno de Entre Ríos puso en plena vigencia el nuevo régimen ambiental para las actividades económicas de la provincia, a partir de la publicación de la reglamentación de la Ley Nº 11.250 de Gestión Ambiental de Actividades Económicas.

Según informó el Gobierno provincial, el nuevo marco normativo busca modernizar y unificar los procedimientos vinculados con la gestión ambiental de las actividades productivas, reemplazando regulaciones anteriores, entre ellas la Ley Nº 6.260, vigente desde 1978.

La reforma establece un sistema unificado y digital, con el objetivo de simplificar trámites y brindar mayor previsibilidad a quienes producen e invierten en Entre Ríos, manteniendo las facultades de control y fiscalización del Estado provincial.

El ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, señaló que la reglamentación representa un cambio en el sistema vigente y destacó la búsqueda de reglas claras, certidumbre jurídica y mayor agilidad administrativa.

Por su parte, la secretaria de Ambiente, Rosa Hojman, sostuvo que la normativa procura compatibilizar el desarrollo productivo con la preservación ambiental y remarcó que el nuevo régimen se fundamenta en la Constitución Provincial y en la Ley General del Ambiente.

CERTIFICADO ÚNICO AMBIENTAL

Entre las principales herramientas previstas se encuentra el Certificado Único Ambiental, que unificará y reemplazará distintos trámites ambientales que anteriormente se gestionaban por separado.

El objetivo es concentrar los procedimientos en un sistema común y facilitar la gestión tanto para las actividades económicas como para los organismos encargados de su evaluación y fiscalización.

USO DEL SUELO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

La Secretaría de Ambiente también emitió resoluciones complementarias vinculadas con la implementación del nuevo régimen.

Una de ellas establece un modelo uniforme con contenidos mínimos para el Certificado de Uso de Suelo Conforme, destinado a orientar a municipios y comunas.

La provincia aclaró que los gobiernos locales mantienen su autonomía y continúan siendo los únicos competentes para otorgar la factibilidad correspondiente al uso del suelo.

Además, se implementó una modalidad digital para las instancias de participación ciudadana dentro de los procedimientos de evaluación ambiental.

A través de esta herramienta, los ciudadanos podrán acceder de manera remota a documentación ambiental y presentar observaciones durante los procesos correspondientes.

Desde la Secretaría de Ambiente señalaron que esta modalidad busca ampliar los canales de participación pública y se encuentra en línea con los principios establecidos por el Acuerdo de Escazú.

REGISTRO PROVINCIAL AMBIENTAL Y FISCALIZACIÓN

El nuevo régimen también contempla la puesta en funcionamiento del Registro Provincial Ambiental (RPA) y del Fondo de Control y Fiscalización Ambiental.

De acuerdo con lo informado oficialmente, se prevé además un esquema de cooperación con los gobiernos locales mediante el cual se compartirá el producido de las sanciones, con el objetivo de fortalecer las tareas de monitoreo y control ambiental en el territorio provincial.

La implementación del régimen marca así una nueva etapa en la gestión ambiental de las actividades económicas de Entre Ríos, con procedimientos unificados, herramientas digitales y nuevos mecanismos de participación y fiscalización.