La modificación del sistema de pagos a prestadores desató un conflicto en todo el país. Profesionales advierten una fuerte caída en sus ingresos y alertan por el impacto en la atención a afiliados.

El sistema de salud del Programa de Atención Médica Integral (PAMI) atraviesa un nuevo foco de tensión tras la implementación de cambios en el esquema de remuneración a médicos prestadores, lo que derivó en medidas de fuerza y encendió alarmas por posibles cobros adicionales a jubilados.

El conflicto se originó a partir de la Resolución 1107/2026 del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), que introdujo modificaciones en el modelo prestacional. Entre los principales cambios, se destaca un mayor peso del pago por cápita —es decir, por cantidad de afiliados asignados— en detrimento de los honorarios por prácticas y prestaciones médicas, además de la eliminación de incentivos vinculados a formación y desempeño profesional.

Impacto directo en los ingresos médicos

Según entidades y profesionales del sector, la nueva modalidad implicaría una reducción significativa en los ingresos. Estimaciones difundidas en el marco del conflicto indican caídas superiores al 50% en algunos casos, lo que comprometería la sustentabilidad de consultorios privados.

Los médicos remarcan que trabajan bajo un sistema de contratación y no como empleados en relación de dependencia, por lo que deben afrontar costos operativos como alquileres, salarios de personal, equipamiento e insumos. En ese contexto, advierten que los nuevos valores tornan inviable la continuidad de la atención en determinadas condiciones.

Paro y advertencias por la atención

Frente a este escenario, distintos sectores profesionales impulsaron un paro de hasta 72 horas en varias regiones del país. La medida busca visibilizar la situación y presionar por una revisión de las condiciones establecidas.

Desde el sector sostienen que, de no mediar cambios, podría registrarse una reducción en la cantidad de médicos disponibles en cartilla, con el consecuente impacto en el acceso a turnos y controles, especialmente en el primer nivel de atención, clave para el seguimiento de enfermedades crónicas y la derivación a especialistas.

Cobros a afiliados: una práctica en expansión

En paralelo, crece la preocupación por el avance de cobros adicionales a afiliados. Si bien no se trata de una medida oficial del PAMI, algunos profesionales comenzaron a implementar o analizar el cobro de sumas por consulta ante la pérdida de ingresos.

Esta práctica, conocida como “plus”, ya venía registrándose en distintos puntos del país y genera cuestionamientos, ya que el sistema establece la cobertura de prestaciones para jubilados. Sin embargo, la falta de actualización de honorarios y las demoras en pagos profundizaron el fenómeno.

Un problema estructural

El conflicto actual se inscribe en un contexto más amplio de tensiones dentro del sistema. En los últimos años se reportaron demoras en pagos a prestadores, dificultades en la provisión de medicamentos y una pérdida sostenida del poder adquisitivo de los honorarios médicos.

Especialistas advierten que la combinación de estos factores podría derivar en una mayor presión sobre el sistema público de salud, ante eventuales dificultades de acceso dentro de la red prestacional del PAMI.

Panorama abierto

Mientras continúan las medidas de fuerza, el escenario se mantiene abierto. La evolución del conflicto dependerá de posibles instancias de negociación entre autoridades y prestadores, en un contexto donde el eje central es garantizar la continuidad y calidad de la atención a más de seis millones de afiliados en todo el país.