Un allanamiento realizado este viernes 6 de marzo en el Centro Integrador Comunitario (CIC) de San José de Feliciano desató un fuerte conflicto institucional luego de que la Municipalidad cuestionara públicamente el procedimiento judicial ordenado por la fiscalía local.

La medida fue dispuesta por la fiscal Gisela Muñiz en el marco de una causa que investiga una presunta situación de abuso que involucra a una menor de edad. El objetivo del procedimiento fue obtener un informe psicológico vinculado a la atención que la adolescente recibió en el CIC.

Según trascendió, la menor había sido derivada al centro comunitario luego de que en el hospital local no pudieran brindarle la atención psicológica correspondiente. Allí fue asistida por el psicólogo municipal Ernesto Quintana, con quien habría mantenido al menos dos sesiones durante los meses de noviembre y diciembre del año pasado.

En el marco de la investigación judicial, la fiscalía solicitó mediante oficio los informes diagnósticos elaborados por el profesional. Sin embargo, desde el municipio respondieron que el psicólogo se encontraba de vacaciones y que la información requerida estaba protegida por el secreto profesional que rige el ejercicio de la psicología.

Ante esa respuesta, la fiscalía decidió avanzar con un allanamiento en las instalaciones del CIC para intentar obtener la documentación vinculada a la causa. Según se informó, el procedimiento también habría incluido un allanamiento en el domicilio particular del profesional que realizó la atención psicológica.

El comunicado del municipio

Tras el procedimiento, la Municipalidad difundió un extenso comunicado institucional en el que manifestó su malestar por la medida adoptada por la fiscalía.

Desde la gestión encabezada por el intendente Damián Arévalo aseguraron que el municipio siempre ha estado a disposición de la Justicia y que nunca se negaron a colaborar con la investigación.

En ese sentido, señalaron que durante el procedimiento se explicó a los funcionarios judiciales el funcionamiento administrativo del Centro Integrador Comunitario y el modo en que se gestionan las atenciones vinculadas a salud mental.

Según indicaron, el CIC no conserva historias clínicas ni legajos terapéuticos de pacientes atendidos por profesionales de la salud mental. Ese tipo de documentación, explicaron, forma parte de la práctica profesional del psicólogo interviniente y queda bajo su custodia personal, justamente por el deber de confidencialidad y secreto profesional que rige la actividad.

De acuerdo con lo informado por el municipio, el centro comunitario únicamente cuenta con registros administrativos de atención, en los que se consignan datos básicos de asistencia y códigos de consulta utilizados por los profesionales.

También señalaron que ese sistema de registro ya había sido informado con anterioridad a la fiscalía cuando se respondió un oficio judicial previo vinculado a la causa.

Cuestionamientos al procedimiento

En el comunicado, el municipio consideró “llamativo” el despliegue de un procedimiento de allanamiento en una dependencia pública municipal para solicitar documentación que —según sostienen— podría haberse requerido mediante otros mecanismos administrativos entre organismos del propio Estado.

Además, mencionaron que el Código Procesal Penal de la provincia contempla herramientas como la “orden de presentación” de documentos, un mecanismo que permite solicitar información sin necesidad de recurrir a medidas más invasivas como allanamientos o secuestros de documentación.

Desde el gobierno local remarcaron además que la información vinculada a tratamientos psicológicos se encuentra especialmente protegida por normas éticas y legales de confidencialidad, ya que se trata de datos sensibles relacionados con la salud mental de las personas.

Por esa razón, indicaron que el manejo de este tipo de información debe realizarse con particular prudencia para resguardar la privacidad de los pacientes.

En ese contexto, el municipio sostuvo que la medida adoptada por la fiscalía plantea “serios interrogantes respecto de su razonabilidad y adecuación a las garantías previstas por el propio ordenamiento procesal”.

Compromiso con la Justicia

Más allá de los cuestionamientos al procedimiento, la Municipalidad de Feliciano reafirmó en su comunicado su compromiso con la transparencia institucional y con la colaboración con la Justicia.

No obstante, advirtieron que este tipo de medidas pueden generar preocupación innecesaria en la comunidad y afectar el normal funcionamiento de las instituciones, por lo que insistieron en la necesidad de priorizar los canales institucionales de comunicación entre los organismos del Estado.

Mientras tanto, la causa judicial continúa bajo investigación, en un expediente sensible que involucra la denuncia de una menor y que permanece bajo reserva para resguardar su identidad.